Ganar Torrejón (IU-EQUO) y Sí Se puede pedimos en al pleno que apoye de manera unánime la ILP que pide una nueva Ley de Vivienda en la Comunidad de Madrid

El derecho a la Vivienda no es real. Lo reconoce la Constitución pero, en la práctica no se garantiza. Por eso entendemos que una nueva Ley Urgente de Vivienda en la Comunidad de Madrid es más que necesaria y que la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular está más que justificada.

Pero no queremos que esa ILP vaya sola a la Asamblea. Creemos que los Ayuntamientos deben impulsarla y apoyarla y por eso en el pleno de mayo pedimos que el de Torrejón de Ardoz se pronuncie mayoritariamente a favor de la iniciativa.

MOCIÓN DE GANAR TORREJÓN (IU-EQUO) y SI SE PUEDE TORREJÓN AL AYUNTAMIENTO EN PLENO SOLICITANDO EL APOYO MAYORITARIO Y UNÁNIME DE ESTA CORPORACIÓN MUNICIPAL A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR QUE PROMUEVE UNA LEY URGENTE DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La Constitución Española, en su artículo 47, reconoce explícitamente que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y que es obligación de los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general con el fin de impedir la especulación.

El derecho a la vivienda es un derecho fundamental también para la Unión Europea desde donde, en los últimos meses, se han dado pruebas de tener una visión mucho más avanzada y protectora de los derechos fundamentales que en España, a juzgar por sentencias tan clarificadoras como las que, por ejemplo, afectan a la imposición de cláusulas suelo hipotecarias por parte de bancos y cajas de ahorros españolas.

Y a pesar de ser un derecho fundamental parece no tener la relevancia que debería o se considera más oportuno tratarlo como un derecho irrelevante, quizás de segunda, frente a otros que importan mucho más. Y la prueba es que el derecho a la vivienda en España…no está garantizado. Y no lo está a pesar de que existe un importante censo de viviendas vacías en este país que, año tras año, no baja del 10% del total de viviendas existentes.

La razón de este trato discriminatorio respecto al derecho a la vivienda no es otro sino el valor especulativo que tiene un producto con el que se puede generar un mercado pujante para unos pocos y un tráfico de derechos para la mayoría, casi siempre, amparado incluso por las instituciones públicas que prefieren mirar hacia otro lado.

La especulación se impone a los derechos y de aquella, claro, viven promotores, ayuntamientos, entidades financieras, intermediarios de cualquier sector provocando el desamparo de una parte importante de la sociedad que, desgraciadamente y con motivo de la crisis, se ha visto incrementada en los últimos años.

Mientras el sistema productivo amparaba el crecimiento especulativo de la Construcción en conjunto, en paralelo, arrojaba literalmente a la calle a miles de personas, familias enteras que no podían hacer frente a la voracidad depredadora de quienes ofrecían un producto lleno de agujeros y de prácticas oscuras.

La crisis humana que ha provocado la gestión ineficiente de la Construcción nos ha ofrecido su cara más dolorosa en las personas que han padecido desahucios programados en los que poco o nada ha importado la situación personal, emocional, económica o familiar de quienes se veían obligadas a abandonar sus casas.

Y es en este marco de crisis humana donde la ciudadanía de base se ha empezado a acostumbrar a oir hablar de cláusulas suelo y techo, cláusulas abusivas, titulizaciones, tasaciones desproporcionadas, índices hipotecarios… mientras la deuda de las familias crecía a la par que se paralizaba el consumo y con él, la crisis económica llegaba a niveles de alerta.

La Comunidad de Madrid no ha sido una excepción en este contexto. De hecho, sólo en 2016 se practicaron un total de 6.674 desahucios, cifra brutal a pesar de ser la más baja desde 2008. Sólo un año antes, en 2015 esa cifra había sido superior a los 7.100 desalojos forzados en una espiral ascendente que fue aumentando desde 2008 y que sólo entre 2008 y 2015 vació por la fuerza en España más de 79.000 viviendas y locales comerciales.

Frente a estas cifras, que contrastan con la candidez del artículo 47 de la Constitución Española hablando de derecho a la vivienda, sorprende que sólo en la Comunidad de Madrid se hayan censado alrededor de 265.000 viviendas vacías y existan unos 200.000 demandantes de vivienda.

Es en este marco de crisis económica, pero sobre todo humana, en el que se establece la necesidad de promover una Iniciativa Legislativa Popular en la Comunidad de Madrid con el fin de conseguir que la Asamblea de Madrid debata y apruebe una Ley Urgente por el Derecho a la Vivienda en esta Comunidad.

Una ley con la que se garantice la eficacia del derecho a una vivienda adecuada del artículo 47 de la Constitución y no su interpretación arbitraria, como hasta ahora. Una ley que paralice los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Una ley que establezca un proceso de acceso a la vivienda general y de emergencia así como la toma de medidas para prevenir el uso antisocial de las viviendas. Una ley que ofrezca garantía habitacional para situaciones de exclusión residencial en función a la renta familiar y, además, una ley que proteja al consumidor en materia de vivienda para evitar conductas abusivas.

Por lo anteriormente expuesto los grupos municipales de Ganar Torrejón (IU-EQUO) y Sí Se Puede Torrejón elevan al Pleno los siguientes acuerdos:

PRIMERO: – Solicitar el pronunciamiento mayoritario de la Corporación municipal de Torrejón de Ardoz en favor de la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa y promueve el debate y la aprobación de una Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid.

SEGUNDO: – Instar al Gobierno municipal a trasladar a la Comunidad de Madrid así como a la Presidencia de la Asamblea de Madrid el apoyo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a la Iniciativa Legislativa Popular que impulsa y promueve el debate y la aprobación de una Ley Urgente del Derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid.

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