GANAR TORREJÓN (IU-EQUO) acusa al PP municipal de ocultación y manipulación documental en la tramitación de un expediente que modifica una tasa municipal

La preceptiva Memoria Económica Financiera no se incluye cuando la Junta de Gobierno aprueba el expediente y, días después, se incorpora al mismo con fecha anterior a la fecha de aprobación oficial

El PP ignora además un informe de la Intervención municipal en el que se solicita con carácter previo a la aprobación el Dictamen de la Comisión de Hacienda, que no se reúne hasta diecinueve días después de aprobada la tasa

Torrejón de Ardoz, 30/12/2015. El equipo de Gobierno municipal ha hecho todo lo que estaba en su mano para obstruir y poner zancadillas al proceso de estudio y análisis de su propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales de Torrejón de Ardoz de 2016 impidiendo a la oposición la consulta del correspondiente expediente durante todo el periodo de exposición pública.

Incluso, el portavoz de GANAR TORREJÓN (IU-EQUO), ha acusado al equipo que dirige Ignacio Vázquez de haber llevado a cabo una presunta falsedad documental al haber incorporado documentos fuera de fecha y además con fecha falsa, al haberse constatado la inexistencia de los mismos a pesar de que informes de los órganos supervisores de la gestión municipal aconsejaban su incorporación al expediente desde un primer momento.En concreto, y en lo que se refiere a la tasa que va a garantizar la seguridad de viviendas en manos de las entidades financieras y bancarias protegiéndolas de forma excepcional frente a otras viviendas en la misma situación, ha habido serios defectos de tramitación y se han cometido preocupantes irregularidades que nos disponemos a investigar, asegura Paco Hernández, portavoz municipal de GANAR TORREJÓN (IU-EQUO).

De hecho, hay que partir de la base de que ninguno de los informes que acompañan este expediente garantiza la legalidad del mismo y que la decisión adoptada en el día de ayer por el PP en Torrejón puede vulnerar la Ley de Haciendas Locales. Esto, además de que en la tramitación del mismo se han cometido irregularidades administrativas muy serias.

Si analizamos los informes de Intervención y Recaudación sobre la modificación de estas ordenanzas, en ambos se dice que se debe incluir la Memoria Económica Financiera de acuerdo a lo que establece el artículo 25 de la Ley de Haciendas Locales. Pues bien, dicha Memoria no está en el expediente o no aparece y desde el Equipo de Gobierno se alega que ha desaparecido en la fotocopiadora municipal, curiosamente, la misma que utilizan los grupos de la oposición para fotocopiar la documentación que genera el equipo de Gobierno.

Pero días después, una vez aprobado el expediente por la Junta de Gobierno el 9 de noviembre, se incorpora la reclamada Memoria Económica Financiera que lleva fecha de 3 de noviembre y que ni la Interventora ni el Recaudador habían visto previamente en su análisis del expediente.

Pero es que, además, la mencionada tasa se ha aprobado contraviniendo el informe de la Intervención municipal en el que se decía que el expediente debía de contener el Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, órgano que no se reunió hasta el pasado 28 de diciembre, diecinueve días después de que la Junta de Gobierno hubiese aprobado dicha tasa sin Memoria Económica Financiera previa y, por supuesto, sin Dictamen de la Comisión de Hacienda.

Informes que no están el día de la aprobación en Junta de Gobierno, luego aparecen a posteriori incluidos en el expediente total pero con fecha anterior a la de supuesta aprobación en dicha Junta, en un claro intento de ocultación y manipulación documental que roza la falsedad documental al alterar el orden de los documentos que conforman un expediente completo, ha dicho Hernández.

Lo cierto es que, además, desde el pasado 9 de noviembre fecha en la que la Junta de Gobierno local aprobó provisionalmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales del año 2016 hasta el día 29 de diciembre en que éstas fueron aprobadas de forma definitiva, han sido muchas las vicisitudes que nosotros en concreto hemos sufrido para, en primer lugar obtener copia completa del expediente, asegura Hernández.

Cada día, hemos subido y hemos preguntado en todos los departamentos donde debería estar expuesto dicho expediente sin que nadie nos supiese indicar dónde se encontraba. Hasta en tres ocasiones lo solicitamos por escrito en pleno periodo de exposición pública y, por lo tanto, no sólo nosotros sino cualquier ciudadano/a o entidad que pudiera considerarse afectada estaba en su derecho de examinarlo. Pasadas tres semanas finalmente pudimos obtener la copia completa y comenzar con nuestro trabajo para realizar las alegaciones.

La actitud obstruccionista del PP municipal atenta contra lo establecido en el artículo 17 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que dice, sobre la aprobación de las ordenanzas fiscales que tendrán que ser expuestas en el tablón municipal durante 30 días.

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